Analistas políticos han etiquetado muchos países como ESTADOS FALLIDOS, entre ellos, Afganistán, Iraq, Haití, Somalia, Yemen, Timor Oriental, Paquistán y las Islas Salomón, e incluso esa categoría recientemente se le han adjudicado también a México. Pero para analizar y aceptar o rechazar tal calificativo para el caso de México, es necesario definir qué es o qué se entiende por Estado fallido. Polémico término utilizado para calificar a un Estado débil en el cual el gobierno central tiene poco control práctico sobre su territorio.

El término resulta en ocasiones suele ser ambiguo e impreciso; por ejemplo, si se toma su definición de forma literal, un Estado fallido sería aquel en el que no hay un gobierno efectivo, y un gobierno dictatorial que acapara y utiliza todo el poder sería un estado en plenitud de facultades. Lo que quiere decir que un estado con dictadura “tiene éxito” si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras. Cuando este monopolio está quebrantado, por ejemplo, por la presencia dominante de señores de la guerra, de milicias o de terrorismo, la misma existencia del Estado llega a ser dudosa, y se convierte en un Estado que ha fallado o Estado fallido.

Por ello, la dificultad de determinar si un gobierno mantiene “un monopolio en el uso legítimo de los medios de la fuerza” (incluyendo los problemas de la definición de “legítimo”) es uno de los factores que no permiten dejar claro cuando un Estado se puede determinar fallido.

La controversia deriva de las implicaciones políticas y militares de etiquetar a un estado como “fallido”. Pues las proclamaciones y las leyes de su gobierno pueden parcialmente no ser tomadas en cuenta. En algunos casos, sobre esta base agentes extranjeros emprenden acciones violentas dentro de las fronteras del supuesto “Estado fallido” con una legalidad altamente dudosa no amparada en decisiones de las Naciones Unidas, como en los primeros meses de 2009 ha sucedido en territorio Pakistaní fronterizo con Afganistán donde se han efectuado bombardeos sobre supuestas concentraciones de talibanes.

El término también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz; es decir, un estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro y/o informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas aunque no compitan con el Estado, y otros factores.

Pero ¿Qué es un Estado fallido? La definición de este concepto es difícil, pues fácilmente está influenciada por visiones ideológicas o está marcada no tanto por la caracterización de las catástrofes humanitarias sino también o más bien por los intereses alternos –económicos y políticos- que contribuyen a su definición y clasificación.

La idea del estado fallido se relaciona en algunas oportunidades, con desastres humanitarios causados generalmente por conflictos armados. En realidad, debería resaltarse que el argumento más apropiado es el que sostiene que los conflictos armados y las crisis humanitarias suceden en estados en crisis. Por otra parte, la idea del estado fallido se ha relacionado con las disfunciones del estado.

El fracaso del estado se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social.

La mayoría de las definiciones hacen referencia al funcionamiento del estado e intentan medir su capacidad de desempeño. Así se entiende que un estado fracasa si es deficiente en áreas como seguridad, el sistema político, el estado de derecho, la administración, los servicios públicos y el bienestar social. La deficiencia en estas tareas hace que el estado sea incapaz de “establecer un monopolio legítimo del uso de la fuerza física y de proteger”.

En este sentido, y tras la serie de hechos violentos, el descontrol y descomposición social que se vive en México, principalmente en ciudades del norte del país, donde se ve día con día masacres, ejecuciones, descuartizados, atentados a policías y militares, asesinatos a mandos policiales, reporteros, empresarios, secuestros y levantones, etc., podríamos decir que si bien aún no hemos llegado al calificativo de ser un estado fallido, créanme que estamos demasiado cerca.

Pues la violencia lejos de disminuir tras las acciones emprendidas por el gobierno federal, está cada vez más va en aumento, incluso se han rebasado limiten antes impensables, tales como el secuestro de personajes importantes que en su momento fueron importantes para la vida política en México, tal es el caso del secuestro de Diego Fernandez de Cevallos; así mismo, podemos anotar el reciente asesinato a tan solo unos días de la elección, del candidato el PRI a la gubernatura del estado de Tamaulipas.

Los carteles y organizaciones criminales en México parecieran estar incluso mejor capacitados, armados y contar con una mejor inteligencia que cualquier cuerpo policial del país, incluso mejor que el ejército y la armada. Utilizan tácticas bien estructuradas y planeadas para llevar a cabo sus atentados, tales como el cierre de las principales arterias de las ciudades con camiones y otros vehículos que secuestran. Han dado cuenta ya de seguir los pasos de organizaciones terroristas, tales como la utilización de carros bomba y artefactos explosivos.

Así entonces, si bien NO podemos decir que México es hoy por hoy un Estado Fallido, si podemos decir que falta muy poco para llegar a ese status, y que quizás sea solo cuestión de días o meses para que lleguemos a ese calificativo, si es que las acciones y estrategias emprendidas por gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal) dan resultados positivos.

Héctor Ruíz

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