Durante las últimas dos décadas acechan a los gobiernos de todos los niveles (federal, estatal y municipal) una serie de fenómenos o problemáticas a las que llamaremos crisis, que lejos de difuminarse e ir desapareciendo paulatinamente, estás han venido incrementándose de forma importante y preocupante. Cuando digo crisis me refiero a tres problemas en particular: crisis de legitimidad, crisis fiscal, y crisis de racionalidad en los gobiernos, que al combinar las tres en un mismo espacio, sociedad o gobierno, trae consigo un problema o crisis más aguda que las anteriores, la crisis política en los gobiernos.

A la crisis de legitimidad o credibilidad en los gobiernos, la podríamos explicar o resumir como producto de la insatisfacción de las demandas sociales, es decir, esto se vuelve un circulo vicioso que comienza con las demandas “normales” de cualquier sociedad, por así decirles (seguridad, agua potable, alumbrado público, empleo, transporte, etc.). Estas demandas son en el mejor de los casos escuchadas por los gobiernos y procesadas, para después transformarse en acciones concretas (políticas públicas, obra pública, determinaciones de gobierno, etc.); estas acciones pueden o no satisfacer medianamente a la sociedad, misma que retomara algunas, e incorporara otras más, siguiendo su rol de demandar una mejor calidad de vida.

A esto habría que sumarle, que ante la democratización de los comicios electorales que propiciaron una competencia electoral cada vez más reñida y cerrada entre las diferentes opciones o partidos políticos, propicio que estos, caigan en la práctica “fácil” de prometer más allá de los que pueden realmente cumplir si salen victoriosos de los comicios (disminuir la corrupción, acabar con el narcotráfico, erradicar la pobreza y al analfabetismo, crear empleos, etc.), o simplemente, hacen promesas que realmente no están dispuestos a cumplir (bajar salarios, disminuir la burocracia, profesionalizar al sector público, transparentar la gestión y administración del gobierno, etc). Esto desencadena inevitablemente el incremento de las demandas y expectativas de la sociedad sobre sus gobernantes, esperando que al votar por ellos, estos cumplan con sus promesas de campaña, o por lo menos marquen una diferencia para bien con respecto a los anteriores gobiernos. Al no ver satisfechas sus demandas más próximas o primordiales es que dejan de creer en los gobiernos, los políticos y en general la política, sin distingo de partido o color; a esto se le llama “crisis de legitimidad”, la cual está más que vigente en nuestro sistema político.

Por otra parte, y con respecto a la “crisis fiscal”, está se produce cuando los gobiernos al tratar de satisfacer el incremento de demandas ciudadanas, amplia su campo de acción, incluso asumiendo tareas que nos propias de los gobiernos. Así, las demandas y expectativas sociales de nuevos servicios tienden a crecer por encima de las disponibilidades presupuestarias del estado, que se ve incapaz de afrontarlas con eficacia, existiendo una sobrecarga en las funciones del gobierno. A esta tendencia del gasto público a aumentar más rápidamente que los ingresos, recibe el nombre de “crisis fiscal”, la cual sin duda se acentúa aún más en época de recesión económica.

A la crisis fiscal y de legitimidad se sumaría una crisis de racionalidad en el marco de la administración pública, la cual se ve de manifiesto, cuando al mercado político (partidos políticos, candidatos, gobiernos, etc.) acceden una pluralidad de grupos sociales e intereses particulares que intentan influir o apropiarse del poder estatal con fines particulares. Permitiendo que las acciones de gobierno y sus proyectos, estén más encaminadas a satisfacer intereses particulares o de unos pocos, por encima de las masas o interés sociales. Esta crisis de racionalidad agudiza aun más la crisis de legitimidad, pues la credibilidad en los gobiernos disminuye a pasos agigantados y de forma preocupante, mientras que solo unos cuantos se benefician del poder.

Si juntamos o encontramos a estas tres graves crisis (legitimidad, fiscal y racionalidad) en una misma sociedad o estado (entendido como un país), podríamos afirmar que estamos ante un problema o crisis mayúscula, a la cual definiremos como “crisis política” del gobierno, pues algo pasa con la acción de gobierno que impide que ésta pueda lidiar con sus contradicciones internas. Para ello, la formula recomendada de solución viable: es recobrar el equilibrio perdido que exigiría un retraimiento de las obligaciones asumidas por el estado (menos compromisos o programas) y un repliegue de las exigencias de la ciudadanía; que se traduciría en la formula: menos estado y más “sociedad civil.

Los gobiernos requieren con urgencia de una mayor participación de la sociedad civil organizada, un mayor compromiso, un sentimiento de solidaridad y preocupación por su entorno y problemas; dejando atrás al ciudadano egoísta, quien solo vela por sus propios intereses, sin importar los problemas de los demás. En resumen, se requiere una sociedad más colectiva, más unida y con mayor compromiso social.

Héctor Ruiz

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