José Miguel Insulza Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante una conferencia dictada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas “CIDE“ en la que destaco la idea de la existencia de ingobernabilidad en América Latina. El titulo de su conferencia fue “La Gobernabilidad en América Latina”, y de lo destacado en el documento, el diplomático chileno afirmaba que la región enfrentaba problemas de gobernabilidad. Su diagnóstico prescriptivo se basaba en estas aseveraciones:

Los 15 presidentes depuestos en los últimos 15 años (de 1990 a 2005) por acusaciones diversas que van desde ineficiencia en el cargo, corrupción o falta de transparencia.

  1. No basta con ser un gobierno legítimo y democráticamente electo, sino administrar conforme a las reglas de la democracia y ser eficaz y eficiente.
  2. Una de las razones principales para la crisis de la gobernabilidad latinoamericana es que la democracia en la región no ha podido resolver los problemas relativos a la desigualdad económica.
  3. Este problema es el que básicamente les ha “explotado a los gobiernos en su cara”.
  4. La fragilidad de las diversas administraciones latinoamericanas no tiene que ver con fenómenos ideológicos, como las dictaduras o las revoluciones, sino con movimientos de ciudadanos que no están satisfechos con los resultados de sus gobiernos.
  5. Abonan a esto los partidos políticos, quienes gastan enormes cantidades de dinero en la promoción de sus candidatos.
  6. La respuesta sería pues, no sólo más estado, sino que también éste sea más eficiente. Así, lo que prestigia la actividad pública es hacer cosas en beneficio de la gente.

La permeabilidad actual en América Latina de una concepción de “gobernabilidad” muy diferente a la resultante en su momento de la Comisión Trilateral, la cual veía el origen de la crisis de gobernabilidad (o creciente status de ingobernabilidad) en la sobrecarga a las instituciones gubernamentales determinada por un exceso de expectativas y la ampliación, expansión y complejidad de las competencias y de las funciones del Estado Benefeactor (Véase Crozier, Huntington y Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Gobernability of Democracies to the Trilateral Commission, New Cork University Press, 1975). La respuesta a este fenómeno, más propio de los países capitalistas desarrollados a mediados de los setenta, fue una estrategia de “reducción de la demanda”. La diferencia también parte de que estos países a pesar de su crisis, no vivían problemas clásicos de estabilidad política, ni tenían tampoco problemas de gobernanza, en el sentido de establecer la efectiva capacidad de gobierno (Francisco Váldez Ugalde, Gobernanza e Instituciones. ¿Es posible un enfoque integrado?, México, Mimeo, FLACSO, 2005).

Si se parte de una definición básica de gobernabilidad, la cual plantea que ésta es “…un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta del sistema político para responderlas de manera legitima y eficaz”, el escenario presupuesto por la tradición trilateral, partía de observar dos consecuencias ante la crisis de ingobernabilidad: un debilitamiento de la eficacia gubernamental y el inicio de un proceso de erosión de la legitimidad (disposición a obedecer espontáneamente las leyes y directivas del gobierno).

Haciendo un ejercicio de “traducción” a la realidad Latinoamericana de lo anterior es necesario basarnos en el propio marco histórico-político de la región y decir que los problemas de gobernabilidad provienen más bien del déficit democrático (y no de su exceso expresado en la sobrecarga de demandas), y de las penurias del bienestar social de la población y las brechas abismales de desigualdad.

Así, si la gobernabilidad designa una propiedad o cualidad que nos indica “grado de gobierno” que se ejerce en una sociedad, para el caso de los sistemas políticos latinoamericanos en estos momentos, el tipo de instituciones que le darán significado positivo a la gobernabilidad serán únicamente las más apegadas al paradigma democrático y las políticas públicas que se piensen y se diseñen deben tener un plusvalor: la justicia social.

 

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