El que los gobiernos comenzaran con la privatización de los servicios públicos, tiene mucho que ver con las tres grandes preguntas que se planteo el gobierno de Margared Tacher en Inglaterra. Mismas que dieron comienzo a lo que hoy conocernos como la Nueva Gestión Pública “NGP”; las preguntas que se plantearon en aquel momento, dieron comienzo a una revolucionaria forma de ver al gobierno y administración pública, pues buscando eficientar los servicios públicos se preguntaron: ¿qué es lo que está obligado constitucionalmente a hacer el gobierno?, lo cual genero el deshacerse de muchas empresas públicas que habían nacido con el estado proteccionista, tales como bancos, empresas constructoras de vivienda, tiendas de supermercado como los fue CONASUPO en su momento; 2) de lo que el estado está obligado a hacer se preguntaban ¿lo podemos hacer a través de terceros?, generando externalizaciones y más privatizaciones, y como tercer pregunta, se cuestionaron sobre si lo que debe y tiene que hacer el gobierno ¿lo hace tan bien como lo haría el sector privado?, arrojando esto último, la necesidad de incorporar herramientas del sector privado al sistema organizacional del gobierno; lo mismo hacia el Banco Mundial preguntándose: ¿cuál debe de ser el papel del estado, que puede y que no puede hacer, y cómo debe hacerlo?

De tal forma, que así surgieron la privatización de la prestación de muchas actividades que veían haciendo los gobiernos, sobre todo los gobiernos municipales; mismos que el artículo 115 constitucional en su fracción tercera delimita cuales son los servicios públicos a los municipios en México tienen la obligación de proveer a sus habitantes, tales como: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, b) alumbrado público, c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) mercados y centrales de abasto, e) panteones, f) rastro, g) calles, parques y jardines y su equipamiento, y h) seguridad pública. Sin embargo, y ante la carencia de recursos materiales, humanos y sobretodo económicos, y en aras de buscar la eficiencia y eficacia en la prestación de estos servicios públicos, los gobiernos municipales han concesionado algunos servicios a particulares. Tal es el caso de la recolección, traslado y tratamiento de residuos o basura.

La pregunta que deberíamos hacernos ahora, sería si estas empresas privadas que prestan servicios públicos como pudiera ser el transporte público, y quienes ven su actividad más como un negocio particular, que como un servicio público sin fines de lucro. Es decir, en el caso de los servicios que el estado está obligado a proveer, me queda claro que quienes tienen en este momento la concesión del transporte público, jamás han visto o buscado la mejora en la prestación de su servicio, y mucho menos la eficientización y economía para la ciudadanía. Simplemente buscan en todo momento el ganar por encima de los intereses de sus usuarios.

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Un comentario sobre “Servicios públicos privatizados

  1. Muy interesante tu comentario. mi comentarios sería que correspondería a la única forma de hacer más eficiente los servicios “públicos”, menciono no todos, como ya lo sabemos; más sin embargo, no se han logrado los objetivos. Al hablar de transporte público, deberíamos ser exigentes, me refiero a nuestras autoridades que privatizan los servicios, acordémonos que finalmente las reglas del juego le corresponden imponerlas al ente público, quien esta obligado a otorgar el servicio, por lo tanto, podría ser un servicios de nivel, entonces yo entiendo qué a quien corresponde dar el servicio, debe cumplir las exigencias y requerimientos de la población “seguridad, economía, ventajas” “hablando del transporte público” y al poder ser privatizado, debe cumplir con el deber ser que exige el gobernado al gobernante. Prioridad que se debería atender, más sin embargo, en el estado actual en el que vivimos, se requiere de mucha voluntad de parte de todos los implicados, y más en los tiempos actuales, en los que hemos dejado que cada quien se impongan según la balanza e intereses contra una exigencia y requerimiento de una prioridad social y económica.

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